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SANTO DOMINGO.– El coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los militares imputados en una presunta red de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones, afirmó este jueves sentirse impotente ante el cierre de sus negocios a nivel nacional y la paralización de operaciones internacionales por parte del Ministerio Público.
Durante su defensa material ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Núñez de Aza explicó que una fábrica que instaló en su comunidad natal El Bombillo de Villa Riva, provincia Duarte, dejó a numerosos empleados en una situación crítica tras su clausura.
Según relató, algunos de esos exempleados terminaron involucrados en actividades delictivas, otros emigraron de manera ilegal hacia Estados Unidos mediante la llamada “Vuelta de México”, mientras que varios cumplen condena en la cárcel pública de San Francisco de Macorís.
El militar se describió como un profesional de larga trayectoria que logró superarse a través del trabajo y la inversión en diversas instituciones. Además, sostuvo que desde el año 2001 mantenía relaciones comerciales con la pastora Rossy Guzmán, con quien aseguró realizaba negocios, abría oficinas y se prestaban dinero mutuamente, incluso por montos de hasta un millón de pesos.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Núñez de Aza habría sido quien impartía instrucciones sobre el manejo de los fondos dentro del entramado corrupto, comunicándose con sus cómplices mediante WhatsApp para indicar cómo gastar los recursos desviados. Las autoridades lo señalan como el presunto cerebro financiero de la red.
El órgano acusador sostiene que los implicados crearon empresas ficticias, manipularon auditorías mediante registros falsos, utilizaron bienes incautados como si fueran propios y alteraron o destruyeron evidencias para ocultar la red. También habrían establecido instituciones que supuestamente suplían combustibles y materiales consumibles, los cuales nunca llegaban a su destino, aunque eran justificados con registros contables falsos.
En el caso figuran 48 imputados, entre ellos 30 personas físicas y 18 jurídicas. La acusación formal incluye 12 nuevos imputados y 13 empresas, respaldadas por más de 3,500 pruebas.
Según la investigación, la trama se organizó desde altos mandos militares, incluyendo al general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, y al general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cestur. También están implicados la pastora Rossy Guzmán, así como los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
El Ministerio Público informó que ha ocupado bienes muebles e inmuebles valorados en más de RD$2,000 millones, presuntamente adquiridos con fondos desviados de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
