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Santo Domingo, RD.– El presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), en formación, y exdiputado Emigdio Mercedes consideró que la entrada en vigencia de la Ley No. 47-25 de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano no será suficiente para disminuir ni controlar la corrupción administrativa, al entender que la normativa presenta brechas y debilidades que permiten la manipulación de sus métodos y procedimientos en beneficio de determinados oferentes.
Mercedes sostuvo que desde hace años ha planteado la necesidad de realizar cambios profundos al sistema de contrataciones públicas, advirtiendo que, de no hacerlo, el país continuará enfrentando actos de corrupción y una reducción de la inversión pública, especialmente en el gasto de capital, lo que limita la capacidad del Estado para mejorar y ampliar la infraestructura nacional.
Críticas a los órganos fiscalizadores
El exlegislador señaló que instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los veedores ciudadanos promueven la transparencia, pero no han logrado erradicar ni reducir de forma efectiva la corrupción en el Estado.
Según afirmó, esta situación obedece a la tentación, ambición y avaricia de algunos servidores públicos, con contadas excepciones.
La corrupción comienza en el soborno, afirma
Mercedes recordó que bajo la anterior Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones tampoco se logró frenar la corrupción, señalando que aunque las sanciones contempladas en la nueva ley son necesarias e importantes, no atacan el origen del problema.
“El verdadero problema está en las negociaciones previas de sobornos o comisiones entre funcionarios y proveedores, y esta nueva ley no las impedirá”, expresó.
Explicó que estos sobornos no se realizan mediante cheques o transferencias bancarias, sino principalmente en efectivo o en especie, como relojes, vehículos, mobiliarios, inmuebles y remodelaciones, lo que —según advirtió— debe encender las alertas del sector financiero nacional.
Impacto económico y social
El dirigente político alertó que los retiros millonarios en efectivo por parte de suplidores del Estado, ya sea en una sola transacción o de forma fraccionada, presionan la tasa de cambio, ya que esos recursos suelen ser convertidos a dólares para ser almacenados o sacados del país.
Mercedes, quien presidió la Comisión de Finanzas (hoy Hacienda) de la Cámara de Diputados, aseguró que cuando un proveedor paga sobornos o comisiones, ese costo se transfiere al precio final de bienes, servicios u obras, encareciéndolos significativamente y afectando a toda la población.
“Si el suplidor no soborna, el país se desarrollaría más rápido, porque cientos de miles de millones de pesos que hoy llegan en maletines y cajas a manos de corruptos permanecerían en el Presupuesto General de la Nación”, afirmó.
Propuestas para combatir la corrupción
Para reducir y controlar la corrupción, Emigdio Mercedes propuso introducir modificaciones a la Ley 47-25 que obliguen a los oferentes, antes y después de adjudicarse una contratación pública, a entregar sus estados de cuentas bancarias y certificados financieros a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin importar la moneda o la fecha.
Asimismo, planteó que los proveedores ganadores autoricen formalmente al sector financiero nacional e internacional, cooperativas y otras entidades, a suministrar información financiera a la UAF, a fin de investigar retiros de efectivo injustificados.
De comprobarse retiros sin respaldo documental válido, Mercedes sostuvo que estos deberían presumirse como sobornos o comisiones ilegales.
Finalmente, indicó que procesos realmente transparentes beneficiarían a los proveedores honestos, evitarían retiros indebidos que violan el Código Tributario (Ley 11-92) y protegerían a las familias de los implicados del descrédito público que generan los escándalos de corrupción.
