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SANTO DOMINGO.– La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra varios comunicadores y figuras de redes sociales, a quienes acusa de formar parte de lo que calificó como una “industria del descrédito” mediante el uso de plataformas digitales para presionar ilegítimamente y difamar.
Entre los investigados figuran Ángel Martínez, conocido como El Detective; Claudia Pérez (La Tora); Luis Alfredo Cabrera (Kapulett); José Maracallo; Fernando Peña, entre otros, quienes, según la fiscal, han utilizado sus espacios en redes sociales y medios digitales como herramientas de presión, chantaje y difamación.
“No permitiremos que la libertad de expresión, derecho sagrado en nuestra democracia, se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza”, advirtió Ramos en un comunicado difundido este martes.
La magistrada denunció una “escalada de conflictividad comunicacional” que pone en riesgo el debate público y mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Según Ramos, la Fiscalía ha identificado patrones que podrían configurar esquemas de chantaje sistemático, uso indebido de plataformas mediáticas y difamación instrumentalizada, y advirtió que actuará “no por temor ni por censura, sino por decencia y convicción”.
Llamado al gremio periodístico y a la sociedad
La fiscal hizo un llamado a los gremios de prensa, líderes de opinión y ciudadanía en general a rechazar las malas prácticas que, aseguró, distorsionan el ejercicio de la comunicación social y atentan contra el interés público.
“Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas y las palabras en mecanismos de coacción, el Estado debe responder. Y así lo haremos”, expresó.
Actualmente, contra Ángel Martínez pesan al menos cinco demandas activas por difamación, injuria y chantaje, interpuestas por figuras públicas.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente confrontación entre autoridades, ciudadanos y figuras mediáticas, muchos de los cuales han hecho denuncias sin pruebas o han difundido informaciones falsas o distorsionadas a través de YouTube, X (antes Twitter) e Instagram.
La Fiscalía subraya que estos casos no representan un ataque a la libertad de prensa, sino una respuesta institucional ante presuntos delitos cometidos bajo la fachada del ejercicio comunicacional.
