Noticias Villa Riva El periódico digital de los villarivenses
Santo Domingo Norte.– El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, afirmó este martes que la Policía Nacional y agentes adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) podrían ser demandados por daños patrimoniales, a raíz del caso en el que choferes del transporte público fueron vinculados a la posesión de supuestas sustancias narcóticas que posteriormente resultaron ser falsas.
Hubieres explicó que dichas acciones hacen a los agentes y a la institución susceptibles de demandas conforme al artículo 57 de la Ley 107-13 sobre la Administración Pública, al considerar que se violentó el debido proceso durante la actuación policial en el municipio Santo Domingo Norte.
Según indicó, en el caso de los choferes afectados, la competencia para conocer una eventual demanda correspondería al Tribunal Superior Administrativo (TSA), debido a que, a su juicio, no existió una orden judicial que autorizara al Ministerio Público ni a los agentes policiales a requisar el vehículo donde supuestamente se encontraba el ilícito.
Asimismo, señaló como una falta grave el hecho de que la presunta sustancia controlada, presentada inicialmente como cuerpo del delito, resultara negativa tras los análisis científicos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
“No cabe duda de que los agentes policiales han comprometido su responsabilidad bajo la subordinación de sus superiores, debido a que actuaron en nombre de la Policía Nacional por mandato, sin medir la legalidad de sus actuaciones”, sostuvo Hubieres.
El dirigente afirmó que esta situación provocó un daño moral y social a los choferes implicados, quienes fueron detenidos e imputados por un delito que, según expresó, nunca existió, afectando de manera directa su imagen, su libertad, su derecho al libre tránsito y su dignidad.
En ese sentido, Hubieres advirtió que la Policía Nacional y los agentes del Dicrim involucrados podrían enfrentar condenas a indemnizaciones de cifras significativas, ya que, a su entender, el daño causado no se subsana únicamente con suspensiones de funciones o investigaciones internas dentro del cuerpo del orden público.
