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ARENOSO.- Decenas de personas se concentraron este viernes de manera pacífica en el cruce de Ciénega Vieja, municipio Arenoso, en la carretera Juan Pablo II, donde hace aproximadamente un mes autoridades del fideicomiso RD Vial demolieron una plaza comercial propiedad de Odin Nicasio (Balaguer), sin ofrecer hasta el momento ninguna explicación oficial.
La comunidad decidió movilizarse para exigir una respuesta clara del Gobierno frente a lo que califican como una acción arbitraria e injustificada, la cual ha generado preocupación, indignación y malestar en toda la región nordeste.
Los manifestantes llegaron desde Villa Riva, Arenoso, El Aguacate, Platanito, Las Coles y otras localidades, en un acto que transcurrió en total calma, pese a la fuerte presencia militar en el lugar.
Durante la manifestación, Odin Nicasio expresó su frustración y desconcierto ante la falta de información de las autoridades:
“Yo lo único que quiero es una explicación. Nunca he hablado ni tenido problemas con nadie, y sin embargo vinieron a las cinco de la mañana, el viernes 31, con muchos guardias, y tumbaron todo sin decirme nada. No me notificaron, no me llamaron, nadie me dio una razón”, expresó el afectado.
Nicasio agregó que la propia encargada de RD Vial le habría indicado que la institución no emite permisos de construcción, delegando esa responsabilidad al Ministerio de Vivienda. Asegura que estaba gestionando la documentación cuando, sin previo aviso, las autoridades procedieron a demoler la estructura.
“Aquí yo tengo más de 15 millones de pesos invertidos. No me llamaron, no me enviaron una notificación. Yo solo quiero que el presidente investigue qué pasó y quién ordenó esto”, puntualizó Odín.
Balaguer responsabilizó a Hostos Rizik de los daños y pidió al presidente Luís Abinader investigar a fondo por qué le quieren hacer este daño.
Exigen transparencia y justicia
Los residentes y líderes comunitarios expresaron que continuarán las manifestaciones pacíficas hasta recibir una explicación formal sobre:
• Los motivos de la demolición
• La falta de notificación al propietario
• La actuación de RD Vial y otras autoridades
• El posible abuso de poder en el procedimiento
Mientras tanto, la comunidad del Bajo Yuna afirma que mantendrá la presión social para evitar que hechos similares se repitan.
