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Ingrid Hidalgo, abogada de Marlin Martínez, intimó mediante acto de alguacil a la Procuraduría General de la República para que en un plazo de 6 horas ejecutara la libertad de su defendida, en virtud de que esta ya cumplió con los dos años prisión que les fueron impuestos por la muerte de la adolescente embarazada Emely Peguero en 2017.
Dijo que a pesar de las presiones que pueda ejercer la defensa de Marlin Martínez, el Ministerio Público no ejecutará la orden de libertad de esta, quien está recluida en la cárcel de Rafey Santiago.
El procurador Jean Alain Rodríguez, mediante auto del cuatro de abril de 2019, instruyó a Carmen Alardo integrarse al equipo de investigación que sustentó el recurso de apelación parcial presentado por el Ministerio Público contra la sentencia de la Corte de Apelación, del siete de noviembre de 2018, en la que se le redujo a Marlin Martínez la pena de cinco a dos años de prisión y se mantuvo los 30 años contra su hijo Marlon Marlon Martínez.
Refirió que la Constitución de la República en su artículo 149 establece la judicialización de los procesos. Y el artículo 401 del Código Procesal Penal suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto la jurisdicción este apoderada.
«Por ende, hasta tanto la Suprema Corte de justicia este apoderada. El ministerio público no tiene porqué ejecutar la sentencia. Ni hacer cómputos. Pues escapa de su función. Debiendo esperar la imputada para ver si cumplirá los 20 años que estamos solicitando», dijo Alardo.
