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PUERTO RICO.- Las millonarias empresas estadounidenses Monsanto, Pioneer Hi Bred y otras nueve multinacionales que producen semillas transgénicas e híbridas se beneficiaron con más $519.7 millones de dólares en fondos públicos de Puerto Rico durante los últimos 10 años fiscales. Gozaron del mantengo corporativo cuando el país se dirigía a la deuda de $69 mil millones que no puede pagar a sus bonistas, lo que motivó la imposición de una Junta de Control Fiscal por parte del Congreso de Estados Unidos.Las administraciones de los gobernadores Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla entregaron tasas contributivas preferenciales, exenciones de impuestos, incentivos industriales y subsidios salariales, estos últimos provenientes del Fondo General: dinero de los puertorriqueños que rinden planillas. También permitieron, por ejemplo, que Monsanto y Pioneer recibieran 238 millones de galones de agua gratis de los acuíferos del sur, una gran reserva de agua subterránea entre Salinas, Guayama, Juana Díaz y Santa Isabel.
Son 11 las empresas de biotecnología agrícola que encontraron así un paraíso de dinero fácil en Puerto Rico durante 10 años de crisis fiscal, según descubrió el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tras solicitar y analizar informes del Departamento de Hacienda, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La única información disponible proviene de las mismas agencias que otorgan los beneficios a las empresas.
En la década de la crisis fiscal, también obtuvieron incentivos las compañías multinacionales AgReliant Genetics, Mycogen Seeds, 3rd Millennium Genetics, Syngenta Seeds, RiceTec, Bayer Puerto Rico, Illinois Crop Improvement Association, Dow AgroSciences y Dupont Agricultural Caribe Industries.
Monsanto y Pioneer Hi Bred (que cambió su nombre a Dupont Pioneer) recibieron los beneficios del quebrado país caribeño y territorio colonial estadounidense mientras sus matrices tenían ganancias globales multimillonarias. Monsanto informó sobre ingresos netos globales de $2,314 millones sólo en 2015, mientras Pioneer Hi Bred declaró $1,953 millones el año pasado, según sus respectivos informes a inversionistas.
La mayor tajada que recibieron las semilleras multinacionales fueron tasas preferenciales con un costo fiscal para Puerto Rico de aproximadamente $477,520,630, según información suministrada por el Departamento de Hacienda. Las empresas que no se acogieron a los decretos de exención recibieron $228,604 correspondientes a un 90% de exenciones por ingresos agrícolas sujetos a contribución, porque el Departamento de Agricultura las considera agricultores “bonafide”. Debido a que la agencia las certifica de ese modo, como si fueran equivalentes al trabajador de la tierra o la empresa agrícola que se gana la vida produciendo y vendiendo alimentos, también les puede ofrecer legalmente subsidios salariales y el agua gratis de los acuíferos de Puerto Rico.
Las administraciones de los gobernadores populares y penepés de la última década no fueron las primeras que incentivaron al sector, pero continuaron haciéndolo cuando ya había quedado al descubierto que no funcionaba el mantengo corporativo como herramienta principal de desarrollo económico. El ex gobernador Luis Fortuño estableció como política pública la promoción y el desarrollo de empresas de biotecnología agrícola en Puerto Rico al crear la Ley 62 de 2009.
