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CARACAS.– Celebrar públicamente la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos, así como respaldar los bombardeos realizados por Washington, se ha convertido en un hecho penalizado en Venezuela, tras la entrada en vigencia de un decreto de estado de conmoción exterior.
El decreto ordena a los cuerpos policiales “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República”. Asimismo, establece que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal para su juzgamiento.
La resolución, fechada el 3 de enero y firmada por Nicolás Maduro, fue anunciada a finales de septiembre, poco después del inicio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, aunque su contenido no se había hecho público hasta ahora. El decreto también autoriza la restricción de derechos como reunión, manifestación y libre tránsito por un período de 90 días, prorrogables por igual lapso.
Hasta el momento, se ha informado de al menos dos detenciones por celebrar la captura del mandatario. Los arrestos ocurrieron en Guaraque, una localidad de la región andina, donde dos ciudadanos de 64 y 65 años fueron detenidos, acusados de gritar consignas contra el gobierno, ofender a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incitar a la violencia y realizar detonaciones con armas de fuego, según informó la policía regional.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Foro Penal Venezolano, indicaron que verifican informaciones sobre otras detenciones ocurridas en Caracas. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional fueron detenidos 14 periodistas y trabajadores de la prensa en Caracas, la mayoría pertenecientes a medios internacionales. Posteriormente, 13 fueron liberados sin presentación ante tribunales y uno fue deportado. En San Antonio del Táchira, otros dos comunicadores extranjeros fueron retenidos e incomunicados por varias horas antes de ser liberados.
Autoridades regionales también emitieron advertencias públicas. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó que no se permitirán burlas ni celebraciones por la captura de Maduro, y que se ordenaron procedimientos policiales contra quienes incurran en esas acciones.
Activistas de derechos humanos consideran que la combinación del decreto, las amenazas oficiales y los antecedentes recientes explican la ausencia de movilizaciones y el clima de tensión que se vive en el país. Tras las elecciones presidenciales de 2024, calificadas de cuestionadas por sectores opositores, se registraron más de 2,000 detenciones durante protestas, con acusaciones de terrorismo e instigación al odio.
El decreto también autoriza la militarización de infraestructuras estratégicas, servicios públicos e industrias básicas del Estado, incluyendo la petrolera, y somete temporalmente a su personal al régimen militar. Además, exhorta a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”.
En las últimas horas, medios locales y ciudadanos han reportado la instalación de retenes en Caracas, no solo por parte de policías y militares, sino también por civiles armados presuntamente vinculados a colectivos afines al gobierno.
El estado de conmoción exterior es una figura contemplada en la legislación venezolana para enfrentar conflictos externos que amenacen la seguridad nacional. Aunque Maduro decretó numerosos estados de emergencia económica entre 2016 y 2021, esta es la primera vez que se aplica este tipo específico de estado de excepción en el país.
